Desde hace algunos días, diversos medios de comunicación, han decidido emitir discursos en los que se niegan que las esterilizaciones forzadas que se produjeron en el Perú en la década de los noventa fueron parte de una política de Estado. A diferencia de lo que pasó en las campañas electorales del 2011 y 2016, los canales nacionales han decidido no dar espacio a voces que rebatan esta postura, que es además la postura de la defensa de los acusados (Alberto Fujimori y funcionarios de alto nivel de su gobierno).

Esta nueva campaña negacionista se hace justo, cuando, luego de 16 años de investigación fiscal preliminar, un juez está escuchando los argumentos de las partes para decidir si se abre o no un proceso penal en contra de los acusados de las esterilizaciones forzadas. Es un momento muy delicado, pero eso no le ha importado a los medios de comunicación que han decidido negar y minimizar las esterilizaciones, sin siquiera revisar los documentos presentados por las víctimas o hablar con ellas. Se ha salido violentamente a negar, y para ello se usa un texto publicado hace unos años que, presentándose engañosamente como académico, fuerza flojamente una serie de datos para tratar de presentar un argumento que no se sostienen más allá de la opinión personal de la autora.

Un texto académico tiene que basarse en una revisión sistemática de, por lo menos la literatura existente, tiene que demostrar que el autor o autora conoce sobre la materia, y debería ser revisado por pares, en la medida de lo posible expertos en el tema sin conflictos de interés. Además, una buena práctica es que se declaren posibles conflictos de interés de los autores, y hacer transparente la fuente de financiación. El texto, citado por muchos como prueba de que no existió una política de esterilizaciones forzadas en el país, no cumple con estas condiciones.

A partir del análisis errado de las estadísticas sobre métodos distribuidos del Ministerio de Salud, la autora argumenta que las esterilizaciones quirúrgicas no fueron privilegiadas por encima de otros métodos anticonceptivos modernos. En su cálculo la autora desconoce (o decide omitir) que en 1997, el Ministerio de Salud del Perú estableció para el cálculo de usuarios por método anticonceptivo un factor de Años Protección Pareja (APP). De acuerdo a este factor, 100 condones correspondían a un usuario, 100 tabletas vaginales a una usuaria, 13 ciclos de pastillas a una usuaria, y 4 ciclos de inyectables a una usuaria. Esto quiere decir que, para determinar el número de usuarias por método anticonceptivo, y poder determinar si se privilegió un método sobre otro, es necesario utilizar el factor APP, y no hacer la comparación de los totales de métodos distribuidos como se hace en el texto. Si se hace el cálculo correcto se observa que, sobre todo en los años 1996 y 1997, los métodos permanentes y de larga duración, cómo las anticoncepciones quirúrgicas y el DIU fueron los métodos privilegiados por el Ministerio de Salud. Además, si se hace un análisis de la Encuesta Nacional de Salud del 2000 se encuentra que entre las mujeres que fueron esterilizados entre los años 1996- 1999 un alto porcentaje tenía 0, 1 ó 2 hijos al momento de la operación, y que en este segmento la probabilidad de esterilización aumenta significativamente si la mujer es indígena o no sabe leer. Estos datos dan cuenta pues de una operación masiva y no de unos pocos hechos aislados

Hacer estos análisis requiere de conocimiento de análisis cuantitativo, algo que la autora sostiene que hace en su libro, cuando en realidad lo que hace es análisis cualitativo de estadísticas, indicadores numéricos que luego usa en su texto para acompañar sus argumentos. Confundir citar estadísticas, indicadores con realizar un análisis cuantitativo denota falta de conocimiento sobre diseños de investigación.

Excluir datos del contexto para forzar un argumento es una práctica que va en contra del concepto de revisión sistemática que toda investigación científica debe tener. Si bien no es necesario colocar todos los argumentos utilizados en la literatura, si es importante señalar por qué se omite cierta información señalada como clave en la literatura. Esto es algo que el texto no hace. Para darle más fuerza a sus argumentos, la autora decide omitir hechos claves como que simultáneamente al diseño e implementación Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori planteó metas de reducción de la tasa de fecundidad y que estas metas estaban ligadas a las políticas de lucha contra la pobreza.

La autora tampoco menciona que según algunos autores revisados en su investigación (pues los cita) el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar se convirtió en la obsesión del régimen y del sector salud, que el programa contó con el apoyo directo del ex presidente Fujimori quien en 1996 llegó a convocar a los jefes de servicios de ginecología y obstetricia de los establecimientos de salud comprometidos para alentarlos a la aplicación masiva de la AQV, ofreciendo, para ello, incentivos a médicos y obstetrices (Donayre, Guerra-García y Sobrevilla, 2012).

Sin ningún sustento teórico, la autora decide que los testimonios de las víctimas, de diferentes puntos del país, que dan cuenta de un mismo patrón de coerción, violencia, no son confiables, que en base a ese tipo de material no se hacen investigaciones científicas, o evaluaciones de políticas públicas, y los descarta. La autora decide que esos testimonios no son evidencia, y llega a decir, por ejemplo, que en el caso de Mamerita Mestanza la demanda no presentó evidencia de la coerción sufrida por la víctima, pues al parecer, para la autora el testimonio del esposo de la Sra. Mestanza no es válido, lo desprecia.

Pese a todas estas debilidades, vacíos y mentiras, un sector de la sociedad peruana ha decidido creerle a la autora del libro. En el 2017 cuando hablé con cuatro periodistas (incluido uno que “corrigió” la introducción) que defendían lo dicho por la autora en las redes sociales y columnas de opinión, los cuatro aceptaron que no habían leído el libro, que no eran expertos en el tema, pero que lo que decía la autora, que para ellos era una persona seria por sus credenciales (haber estudiado en una universidad privada en Lima, con estudios de maestría en el extranjero y ser de clase media, media alta limeña supongo) se ajustaba a lo que ellos siempre habían pensado. Cuando les pregunté si habían hablado con las víctimas, o leído los miles de testimonios, me dijeron que no.

Creo que esas respuestas dan cuenta del profundo racismo de nuestra sociedad, el desprecio y desconfianza que aún generan en muchos y muchas un grupo de “indias” de “indígenas” que en lugar de agradecer que decidan por ellas, que se les salve de no tener más hijos, gratuitamente (porque la operación era gratis) tengan la osadía de quejarse, y exigir decidir por ellas mismas. Ese desprecio es una clara muestra de porque en nuestro país hace 25 años el Estado decidió esterilizar a la fuerza a muchas mujeres. Escuchemos a las víctimas, y aunque incomode, aceptemos que lo que dicen es verdad.


(Foto: Esperanza Huayama fue engañada y amenazada antes de que le practiquen una ligadura de trompas contra su voluntad / DW)